INTRODUCCIÓN

En Bogotá, cada vez es más común pasar por una calle y oler marihuana sin escándalo, sin alarma, sin drama. Hay gente fumando en parques, terrazas, cafés, en el centro, en Chapinero, en el sur. Lo hacen jóvenes, adultos, señores mayores. Lo hacen en silencio o entre risas. Lo hacen sin esconderse. Pero el Estado colombiano insiste en mirar hacia otro lado, seguir castigando, persiguiendo, ignorando una realidad que ya lo superó.

La legalización del cannabis recreativo no es una moda. Es una urgencia política, una deuda social y una medida de salud pública que ya no puede seguir aplazándose. El prohibicionismo, ese aparato moral que criminaliza al consumidor mientras protege el negocio narco en la sombra, está haciendo agua por todas partes. Y quienes hoy abren clubes cannábicos, cafés “weed friendly” o simplemente deciden consumir de forma abierta, no son criminales: son ciudadanos que están desafiando una norma injusta.

Normalizar no es promover: es reconocer

Decir que el cannabis hace parte del tejido cotidiano de muchas personas no es hacer apología del consumo. Es reconocer lo obvio: que millones de colombianos lo usan sin daño, con control, incluso con ritualidad. ¿Y qué recibe el consumidor a cambio? Estigmatización, violencia policial, acoso judicial, y una completa falta de garantías sanitarias y educativas.

Mientras tanto, el alcohol —mucho más tóxico, adictivo y letal— es legal, publicitado y celebrado. El tabaco se regula. Los medicamentos psicoactivos se recetan. ¿Qué tiene entonces el cannabis que lo hace tan temido? Solo una cosa: que nació como símbolo de rebeldía y fue estigmatizado desde la guerra contra las drogas como un enemigo cultural. Lo demás es ignorancia.

Prohibir es rendirse

Los clubes cannábicos que están surgiendo en Bogotá no son negocios de esquina ni trampas para delinquir. Son comunidades organizadas que le están diciendo al Estado: “No nos criminalicen, regúlennos”. Quieren operar con reglas claras, con trazabilidad, con control de calidad, con educación. Son espacios que podrían ser aliados del Estado en la reducción de riesgos, pero hoy operan en una zona gris, con miedo, con sabuesos en la puerta.

El problema no es la marihuana. El problema es el vacío legal. La cobardía institucional. El doble discurso. Porque mientras el Congreso se llena la boca hablando de la lucha antidrogas, Colombia sigue exportando cannabis medicinal a Europa y Norteamérica con sello de calidad. Aquí, el mismo producto que genera divisas se sigue tratando como pecado.

¿A quién le sirve la ilegalidad?

La respuesta es sencilla: al narcotráfico, a las bandas de microtráfico, a la corrupción policial, y a quienes prefieren seguir ganando con el caos. La ilegalidad solo fortalece al crimen organizado. La regulación, en cambio, abre la puerta a la trazabilidad, al control sanitario, al impuesto responsable, y a la inversión social.

Una legalización seria no significa “barra libre”. Significa:

• Restringir venta a menores.
• Promover consumo informado.
• Permitir espacios privados y regulados.
• Garantizar acceso a productos seguros.
• Destinar impuestos al sistema de salud, educación, y programas de prevención.

Legalizar no es rendirse. Es retomar el control.

Un mercado que ya existe

Mientras el Estado debate, el mercado avanza. El autocultivo, los productos derivados, los eventos cannábicos, los emprendimientos, las redes comunitarias… todo está creciendo sin permiso, pero con convicción. La realidad va varios pasos adelante del Congreso. Lo que hoy vemos en las calles no es marginalidad: es un movimiento social que exige regulación, reconocimiento y respeto.

Negarse a legislar no detiene el consumo, solo lo condena a la informalidad. Y en ese limbo, los únicos que ganan son los ilegales de siempre.

Bogotá no puede ser hipócrita

La ciudad necesita asumir que ya convive con el cannabis. No se trata de llenarla de clubes y porros por doquier. Se trata de actuar con coherencia. Si hay cafés que permiten el consumo, si hay ciudadanos que cultivan, si hay productos circulando con normalidad, ¿por qué seguimos castigando al consumidor común?

La persecución solo refuerza la estigmatización y la desigualdad. Porque no es lo mismo fumar un porro en la Zona T que en Bosa. No es lo mismo ser detenido con una moña si eres blanco, universitario, y de clase media, que si eres un pelao de barrio con piel morena. Esa es la otra cara del prohibicionismo: selectivo, clasista, racista.

El tiempo se acabó

Colombia tiene todo para ser líder en la legalización del cannabis recreativo: biodiversidad, saberes campesinos, mercado activo, experiencia legislativa con lo medicinal e industrial. Pero falta lo más importante: voluntad política.

Hoy, más que nunca, necesitamos una ley clara, justa, progresista. Una ley que deje de castigar al usuario y comience a construir un modelo responsable, que articule salud, libertad y comunidad. Una ley que deje atrás el moralismo y avance hacia la justicia social.

Porque el porro no es el problema. El problema es seguir castigando lo que ya es normal.